Por la defensa de una libertad en peligro
Octubre de 2003

La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, AMAI, hace público su más enérgico rechazo a las nuevas leyes que algunos estados han promulgado y que limitan severamente la realización y difusión de encuestas electorales.

• Derecho a ejercer una actividad profesional legítima. Poner cortapisas a las encuestas que se hacen durante los procesos de elecciones atenta contra la libertad de trabajo al condicionar el desempeño de una actividad legal a una serie de requisitos, como fianzas millonarias, y fuertes sanciones que pueden implicar cárcel en caso de "incumplimiento".

• Censura. El que la autoridad electoral local se reserve el derecho de autorizar o no la metodología de la encuesta a fin de permitir su realización, autoerigiéndose en "experta" en materia de encuestas, deja peligrosamente abierta la puerta a la censura.

• Regresión al privilegio de elites. Al poner trabas a la realización y difusión de resultados de encuestas en materia electoral, nos regresa a un pasado ya superado donde se privilegia a las elites se restringe la información a la que tenemos derecho los mexicanos.

• Derecho a la información. Las encuestas son instrumentos que permiten la discusión pública de las preferencias partidistas y las demandas ciudadanas. Las encuestas sirven para que los medios de comunicación puedan enriquecer su trabajo de cobertura de los comicios, para que los partidos afinen sus estrategias y líneas de acción y para que las autoridades calibren el interés y participación de los ciudadanos al elegir a sus gobernantes. Además, las encuestas permiten a la ciudadanía conocer la forma en que piensa y siente la gente y le sirven al gobernante para conocer y atender el sentir del gobernado.

La AMAI se opone al uso inadecuado de las encuestas en procesos electorales, pero no limitándolas, sino propiciando que su realización y difusión se haga con forme a los más altos estándares profesionales. Ello implica un compromiso de corresponsabilidad entre medios, partidos y empresas encuestadoras.

• Autorregulación. Al respecto, la AMAI ha desarrollado un conjunto de más de 150 normas que establecen estándares mínimos de calidad para regir la investigación de mercados y opinión pública. Sus miembros han sido certificados por terceros en cuanto a su cabal cumplimiento; con el requisito de refrendos anuales.

Nuestra asociación ofrece su más amplia colaboración en la integración de Consejos Técnicos para analizar estos temas, y hace un llamado tanto a los legisladores de todo el país como a las autoridades electorales competentes, para que se nos incluya en este debate que afecta a nuestra industria y al derecho constitucional a la información.